Consulta, Derecho y Política

Como lo señalé en este blog la semana pasada, se estrenó el pasado domingo 26 de agosto la Consulta Popular de Iniciativa Ciudadana creada en la ley 1757 de 2014, con siete preguntas que buscan de diferentes maneras hacer más transparente el ejercicio de lo público.

La Consulta no logró alcanzar el umbral requerido, equivalente a la tercera parte del censo electoral como lo manda la norma, y en consecuencia no es vinculante jurídicamente, pero como lo han dicho todos los analistas posibles, envió un mensaje al Gobierno y al Congreso sobre la importancia y prelación que los colombianos le dan a la lucha contra la corrupción, y priorizó el tema en la agenda pública.

Nos salimos entonces del mundo de lo jurídico y entramos al universo de lo político. Esta diferencia que se estudia como parte de la teoría jurídica, se explica bien en este caso. Si hubiese logrado el umbral, el Congreso debería convertir en normas automática y obligatoriamente, por disposición constitucional y legal, las preguntas aprobadas popularmente, pero al no lograrlo se convirtió en un mensaje político democrático de millones de colombianos, que cada bancada con representación en el Congreso analizará y recibirá de conformidad con su fuero interno.

La razón de la norma, en caso de que el Congreso finalmente legisle, no será la norma vinculante dentro del ordenamiento jurídico, como diría Kelsen desde su Teoría del Derecho positivo, sino la razón de la fuerza democrática, la política.

Y desde la política, el argumento no será necesariamente que tan conveniente es la norma para la sociedad, porque eso aparentemente ya lo definió la propia sociedad en las urnas, sino el acatamiento a la expresión ciudadana, por la razón que sea, incluso el temor al estigma o a la revocatoria que para el Congreso se da con el voto en contra en la siguiente reelección.

Y mientras, a tres días de la consulta hay ya un galimatías de propuestas, algunos de los promotores ya presentaron su paquete legislativo, el Gobierno se anticipó y propuso cosas muy parecidas, otros argumentan que buena parte de las normas ya están en la legislación y que entonces hay es que mejorar lo que existe con otras iniciativas mas livianas. Partidos anuncian su propia iniciativa en el mismo sentido, el Presidente Duque y el Procurador Fernando Carrillo radicaron otro proyecto de ley por el mismo camino, el Fiscal ya criticó algunos de ellos y también tiene el suyo, y así seguirán llegando ideas, nuevos proyectos, y el enredo pone en riesgo la eficacia del proceso popular porque estamos haciendo política y no derecho.

Todos esperamos que al final, y más después de la reunión de ayer en Palacio con los líderes de la política y de los organismos de control, y con la creación de la mesa técnica, se allane el camino para que toda esta política se convierta en derecho. El Congreso tiene la palabra.