El Presupuesto 2019: Una oportunidad para seguir mejorando el manejo económico

Cada vez que se debate un presupuesto en el Congreso afloran múltiples intereses nacionales, regionales y sectoriales.

En un País en proceso de desarrollo como Colombia, en el que la plata no alcanza para cubrir todos los gastos necesarios, se enfrentan esos intereses y chocan entre sí, habrá unos a los que se les pueden asignar recursos suficientes y otros a los que no, lo que produce satisfacciones, pero también profundas decepciones que llevan incluso a la protesta social. La conjugación de esos intereses y su trato responsable y equitativo en materia de asignación presupuestal, son características necesarias para lograr que ese desarrollo sea armónico y sostenible.

En efecto, en todo debate presupuestal el Gobierno presenta lista de solicitudes a financiar, buscando que se puedan cumplir las promesas que sustentaron su elección y las que va acumulando día a día; los gremios de la producción industriales, agropecuarios o comerciantes reclaman muchas veces apoyo, subsidios o privilegios económicos para mantenerse competitivos. El debate presupuestal también recibe la presión de los grupos de interés social y comunitario, que piensan en su entorno cotidiano y la justa reivindicación o eficacia de sus derechos colectivos e individuales;  solicitan partidas de gasto las regiones, los departamentos y municipios que compiten en el presupuesto por su propio bienestar y desarrollo; y en general los ciudadanos representados en los propios congresistas hacen saber de su interés por alguna inversión específica como la descontaminación de un rio, la construcción de un hospital o el alcantarillado de una vereda.

Todos requieren asignación presupuestal suficiente, normalmente mayor a la recibida, si es que logra recibir algo, lo que choca con el interés del otro que viene en contravía en la defensa de su legítima aspiración presupuestal, creando un campo de tensión que constitucionalmente debe resolver la ley anual de presupuesto, previos unos debates en que negocian entre sí los intereses. Encontrar una salida pacífica solo se logra aplicando el concepto del argumento del peso mayor, que debe terminar en una priorización razonable y sustentable de unas inversiones sobre otras, que no desaparecen, sino que se aplazan.

Sumadas todas las necesidades que presentan los grupos de interés superan infinitamente la capacidad presupuestal de la Nación, y aprobarlas sin más llevaría a un desequilibrio evidente del balance fiscal que debe mantenerse para hacer sostenible en el mediano plazo la economía y evitar el colapso que se daría si los gastos superan de manera grave los ingresos.

Para evitar un manejo irresponsable de las finanzas del Estado en el debate del presupuesto, se diseñaron en el primer cuatrienio del Presidente Santos limitaciones a libre configuración legislativa, que impiden aprobar a ciegas cada interés presupuestal, por el contrario deben distribuir los recursos de la manera más óptima posible de conformidad con la Constitución y leyes como la 1473 de 2011, que definió como obligatoria la regla fiscal[i],  lo que impone que al aprobar el presupuesto se deba mantener el balance fiscal estructural, que busca el equilibrio entre el ingreso y el gasto estructurales, para disminuir progresivamente el déficit fiscal y lograr hacer sostenible la economía colombiana dentro de un marco fiscal de mediano plazo.

No en vano hoy documentos oficiales el Banco Mundial y en opinión de miembros de la Junta Directiva del Banco de la República, se reconoce la salud de las finanzas nacionales, que se ha logrado al disminuir progresivamente el gasto público con una política de austeridad, reduciendo el presupuesto del Gobierno de 20.4% del PIB en 2014 a 18,7% del PIB en 2018.

El proyecto de presupuesto que se tramita en el Congreso no fue presentado desfinanciado, atendiendo las reglas jurídicas, los gastos de inversión y funcionamiento ascienden a 192 billones, lo que no tiene financiación plena son las nuevas iniciativas o intereses que van apareciendo en el curso del debate en el Congreso, y ojo, ese monto del presupuesto  presentado se calculó con un precio del barril de petróleo a $67 y no a $85 como se registra hoy, lo que le suma a los ingresos de la Nación $100 mil millones por cada dólar adicional.

Pretender subir el monto del presupuesto porcentualmente frente al PIB no es para nada conveniente técnicamente, implicaría con la cifra de los $25 billones requerida adicionalmente por el Gobierno, retornar a los niveles del 2014 ya superados ampliamente. Es un retroceso en las finanzas y una renuncia a la austeridad presupuestal en el gasto. Tampoco es claro proponer una reforma tributaria para sustentar un supuesto desfinanciamiento que no existe y, por el contrario, crecer el presupuesto sin fuente o necesidad que no desplace otra inversión, es un desconocimiento a la regla fiscal que impone llegar al 2022 con un déficit fiscal que no supere el 1%. Se redujo de 3.1% del PIB en 2018 a 2.4% del PIB en 2019, vamos por buen camino y no vale la pena alterarlo solo para asignar recursos a nuevos intereses presupuestales que surgen de legítimos intereses de sectores y regiones, pero que deben tramitarse en el debate del Congreso con razonabilidad y responsabilidad fiscal, no solo con el deseo político de atender todo lo que se pida o comprometerse con todo lo que aparezca.

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[i] Diferente al criterio de sostenibilidad fiscal que aprobamos, mediante Acto Legislativo 03 de 2011 para reemplazar la idea original del principio de sostenibilidad fiscal propuesta por el Gobierno en 2010, cuando fui ponente en la Cámara de Representantes del proyecto de acto legislativo.