El Presupuesto 2019: Una oportunidad para seguir mejorando el manejo económico
Cada vez que se
debate un presupuesto en el Congreso afloran múltiples intereses nacionales,
regionales y sectoriales.
En un País en
proceso de desarrollo como Colombia, en el que la plata no alcanza para cubrir
todos los gastos necesarios, se enfrentan esos intereses y chocan entre sí, habrá
unos a los que se les pueden asignar recursos suficientes y otros a los que no,
lo que produce satisfacciones, pero también profundas decepciones que llevan
incluso a la protesta social. La conjugación de esos intereses y su trato
responsable y equitativo en materia de asignación presupuestal, son
características necesarias para lograr que ese desarrollo sea armónico y sostenible.
En efecto, en todo
debate presupuestal el Gobierno presenta lista de solicitudes a financiar, buscando
que se puedan cumplir las promesas que sustentaron su elección y las que va
acumulando día a día; los gremios de la producción industriales, agropecuarios
o comerciantes reclaman muchas veces apoyo, subsidios o privilegios económicos
para mantenerse competitivos. El debate presupuestal también recibe la presión
de los grupos de interés social y comunitario, que piensan en su entorno
cotidiano y la justa reivindicación o eficacia de sus derechos colectivos e
individuales; solicitan partidas de
gasto las regiones, los departamentos y municipios que compiten en el
presupuesto por su propio bienestar y desarrollo; y en general los ciudadanos representados
en los propios congresistas hacen saber de su interés por alguna inversión
específica como la descontaminación de un rio, la construcción de un hospital o
el alcantarillado de una vereda.
Todos requieren asignación
presupuestal suficiente, normalmente mayor a la recibida, si es que logra
recibir algo, lo que choca con el interés del otro que viene en contravía en la
defensa de su legítima aspiración presupuestal, creando un campo de tensión que
constitucionalmente debe resolver la ley anual de presupuesto, previos unos
debates en que negocian entre sí los intereses. Encontrar una salida pacífica solo
se logra aplicando el concepto del argumento del peso mayor, que debe terminar
en una priorización razonable y sustentable de unas inversiones sobre otras,
que no desaparecen, sino que se aplazan.
Sumadas todas las
necesidades que presentan los grupos de interés superan infinitamente la
capacidad presupuestal de la Nación, y aprobarlas sin más llevaría a un
desequilibrio evidente del balance fiscal que debe mantenerse para hacer
sostenible en el mediano plazo la economía y evitar el colapso que se daría si
los gastos superan de manera grave los ingresos.
Para evitar un
manejo irresponsable de las finanzas del Estado en el debate del presupuesto, se
diseñaron en el primer cuatrienio del Presidente Santos limitaciones a libre
configuración legislativa, que impiden aprobar a ciegas cada interés
presupuestal, por el contrario deben distribuir los recursos de la manera más
óptima posible de conformidad con la Constitución y leyes como la 1473 de 2011,
que definió como obligatoria la regla fiscal[i], lo que impone que al aprobar el presupuesto
se deba mantener el balance fiscal estructural, que busca el equilibrio entre
el ingreso y el gasto estructurales, para disminuir progresivamente el déficit
fiscal y lograr hacer sostenible la economía colombiana dentro de un marco
fiscal de mediano plazo.
No en vano hoy documentos
oficiales el Banco Mundial y en opinión de miembros de la Junta Directiva del
Banco de la República, se reconoce la salud de las finanzas nacionales, que se
ha logrado al disminuir progresivamente el gasto público con una política de
austeridad, reduciendo el presupuesto del Gobierno de 20.4% del PIB en 2014 a
18,7% del PIB en 2018.
El proyecto de
presupuesto que se tramita en el Congreso no fue presentado desfinanciado, atendiendo
las reglas jurídicas, los gastos de inversión y funcionamiento ascienden a 192
billones, lo que no tiene financiación plena son las nuevas iniciativas o intereses
que van apareciendo en el curso del debate en el Congreso, y ojo, ese monto del
presupuesto presentado se calculó con un
precio del barril de petróleo a $67 y no a $85 como se registra hoy, lo que le
suma a los ingresos de la Nación $100 mil millones por cada dólar adicional.
Pretender subir
el monto del presupuesto porcentualmente frente al PIB no es para nada
conveniente técnicamente, implicaría con la cifra de los $25 billones requerida
adicionalmente por el Gobierno, retornar a los niveles del 2014 ya superados
ampliamente. Es un retroceso en las finanzas y una renuncia a la austeridad
presupuestal en el gasto. Tampoco es claro proponer una reforma tributaria para
sustentar un supuesto desfinanciamiento que no existe y, por el contrario, crecer
el presupuesto sin fuente o necesidad que no desplace otra inversión, es un
desconocimiento a la regla fiscal que impone llegar al 2022 con un déficit
fiscal que no supere el 1%. Se redujo de 3.1% del PIB en 2018 a 2.4% del PIB en
2019, vamos por buen camino y no vale la pena alterarlo solo para asignar
recursos a nuevos intereses presupuestales que surgen de legítimos intereses de
sectores y regiones, pero que deben tramitarse en el debate del Congreso con
razonabilidad y responsabilidad fiscal, no solo con el deseo político de
atender todo lo que se pida o comprometerse con todo lo que aparezca.
[i] Diferente al
criterio de sostenibilidad fiscal que aprobamos, mediante Acto Legislativo 03
de 2011 para reemplazar la idea original del principio de sostenibilidad fiscal
propuesta por el Gobierno en 2010, cuando fui ponente en la Cámara de
Representantes del proyecto de acto legislativo.
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